Acatamos los estatutos y sus directrices, participamos en la toma de decisiones. Impulsamos su renovación. Proponemos y exigimos organizar la bancada liberal de Santander. La coalición programática es condición para la relación con otras colectividades políticas

Crear las regiones es inaplazable. La línea de frontera debe ampliarse, relacionando el Nororiente con Venezuela. Los macroproyectos aplazados deben reactivarse.

La articulación por el respeto y la defensa del menor es vital. Es urgente revisar el Código del menor. El Estado debe garantizar la eliminación del trabajo infantil y el maltrato a los menores el cual debe sancionarse en forma ejemplar.

El desarrollo de la infraestructura, la industria y la inversión social en Santander fueron detenidas. El empleo desapareció. Reclamamos la equidad en la distribución presupuestal y exigimos inversión en proyectos de desarrollo. La generación eléctrica, la conexión internacional del Magdalena Medio, la integración vial a Cúcuta y al occidente, la modernización de la refinería, la transformación microempresarial, la innovación agroindustrial, la recuperación de los ríos y fuentes de agua, para garantizar su abastecimiento, son parte de nuestro propósito.

Debemos reducir la disparidad de género en la toma de decisiones y promover el acceso de la mujer en todos los asuntos. Institucionalizar espacios reales de participación juvenil. Evitar la muerte laboral a los 40 años. eliminar las diferencias a discapacitados e involucrar a los pensionados. recuperar la autonomía y capacidad financiera de juntas comunales, la organización cívica y comunitaria es condición para la participación.

Cobertura y plazas docentes por apoyo político es indigno. La educación debe ser soporte de reconciliación, base del desarrollo y responder a requerimientos del mercado laboral. Se debe impulsar la formación vocacional técnica. La universidad debe llegar a todas las provincias. La investigación y la adopción técnologica deben ser una política estatal.

Como reto de vanguardia estimularemos más inversión social para una vivienda digna. Las tarifas de servicios públicos no deben superar la inflación anual.

La seguridad debe ser política estatal, única, no negociable, ni parcelada. Debemos mantener los logros y enfrentar la delincuencia común con el concurso ciudadano y el fortalecimiento de la Policía.

El conflicto interno nace de errores, injusticias decisiones e inequidad en la distribución y destruirá nuestra sociedad si no la detenemos. La inversión social, la negociación seria y real, sin ceder principios, con orden público es la vía de solución. Exigimos la protección a las víctimas y la reparación del daño. Desplazamiento, desapariciones, tortura y secuestro no deben existir.

Más cobertura no ha garantizado el servicio y su calidad es cuestionada. La intermediación en la prestación debe eliminarse. El pleno servicio a informales, trabajadores ocasionales, madres comunitarias, líderes cívicos, sindicales, promotores sociales y culturales, desempleados y ciudadanos de estratos menores es una obligación inaplazable. Queremos detener la eliminación de la red pública hospitalaria. Hay que revisar la Ley 100 de 1993.

El que quiera manipula las elecciones y el que escruta elige. Es urgente la adopción de un régimen electoral moderno, confiable y participativo con partidos organizados, elecciones financiadas, sin fraude y sanción con exclusión del servicio público a los delincentes electorales.